Por: Yesid Villanueva, Jorge Tamayo,
Daniela Galindo, Victoria Diaz,
Miguel Castillo.
Como
primera medida debe tenerse en cuenta que Colombia ha sido un país con
tradición bélica, que data desde el inicio de su historia pasando por las
guerras independentistas hasta llegar al siglo XIX, donde se desatan una serie
de guerras civiles que mostraban una clara relación de complementariedad entre
guerra y política, teniendo en cuenta que las guerras eran en aquella época el
espacio de discusión por excelencia de las políticas económicas, organización
política, los modelos de desarrollo y los derechos y libertades; así como las
relaciones iglesia, Estado y partidos que tomaría el país después de ella. La
política tomaría su posicionamiento a través de las constituciones por medio de
las guerras.
La
última guerra civil que se vivió en el país, fue la famosa guerra de los mil
días que empieza en 1899 y termina en 1902, protagonizada por los liberales y
los conservadores, siendo los grandes perdedores los liberales quienes tuvieron
que aceptar el gobierno de los conservadores durante treinta años, tal época se
denominaría la hegemonía conservadora, a su vez, la debilidad del momento trajo
consigo una perdida de gran magnitud para el pais, la perdida de Panama. Lo
cual demuestra en este caso y en los anteriores de las diferentes guerras
civiles, que el Estado colombiano se interpreta como un Estado ausente en sus
funciones en la medida que era suplantado y fragmentado de igual forma por los
actores de la guerra en este caso los partidos, la iglesia, y las hacendados donde
estos se convierten en los ejes ordenadores de la sociedad agraria.
Después
de ello el pueblo empezó a ser un nuevo actor que aparece en la arena publica,
es un bloque popular antagónico al poder, donde los mismos deseaban ser
gobernados por políticos que trabajaran en pro del pueblo, es decir atendiendo
sus demandas en torno al agro y a la repartición de tierras; es allí donde el
pueblo pone sus esperanzas en el nuevo líder de una fracción del partido
liberal Jorge Eliecer Gaitán para el cual el pueblo era el protagonista, pero
con el asesinato del mismo el 9 de abril de 1948 se marca el segundo hito de la
violencia en Colombia, no solo en la historia de la guerra sino en la forma de
hacer la guerra, puesto que en la época posterior a esto la política se basaría
en el exterminio del otro, pero ahora sería supresión de la política rompiendo
con las esperanzas del pueblo. Y dando como resultado el periodo denominado la
violencia clásica desde 1948 a 1965.
Este
es un periodo caracterizado por el terror concentrado y un periodo de
resistencia por parte de las autodefensas campesinas en parte también como
resultado del fracaso del primer intento de reforma agraria en 1936 bajo el
gobierno de Alfonso López Pumarejo. Donde el Estado deseaba empezar a regular
los conflictos atendiendo a ellos por medio de reformas agrarias y tributarias, a pesar de estos esfuerzos el gobierno
nacional se enfrentaba a una situación de guerra clásica caracterizada por 2 situaciones:
1)
El terror que empezó a invadir todas las esferas de la vida social.
2)
Los partidos y sus solidaridades comunitarias partidistas llegaban primero que
el Estado, ya que el pueblo se sentía identificado con los ideales del partido que
atendía sus intereses y necesidades y trataban de satisfacer sus peticiones,
algo de lo que el Estado hasta el momento no se estaba ocupando.
De
allí empiezan a surgir las guerrillas como sustitutas de los movimientos
sociales en su tarea de reivindicar derechos frente al estado, se van a ir
consolidando como organizaciones heterogeneas que contaban en sus filas con
miembros de las guerrillas liberales no desmovilizadas y comunistas que más
tarde harán sentir su peso en la organización y planteamientos ideologicos de
las guerrillas, como es el caso de las FARC y que tendrían un posterior control
del territorio; en ese contexto se empiezan a permear las ideologías del partido
comunista y la influencia de la revolución cubana; así que de este modo las
guerrillas nacen donde hubo presencia de luchas agrarias, y en parte también
como resultado del bipartidismo del frente nacional, ya que este era la
militarización de la política y la bandolerizacion de las guerras,
reapareciendo con el frente nacional la relación política/guerra, siendo hoy
día la guerra una consecuencia de aquel pacto político excluyente, entre otras
causas.
Renán
Vega afirma que: “durante el Frente Nacional se establece un pacto bipartidista
excluyente y antidemocrático que para mantener a raya la inconformidad popular
recurre a la represión, al estado de sitio y a la contrainsurgencia.
(Contribución al conflicto armado en Colombia, comisión histórica del conflicto
y sus víctimas, febrero (2015) página 27).
De
acuerdo con lo anterior y con la clara imposibilidad del Estado para ejercer el
monopolio legítimo de la fuerza, empiezan a formarse colonizaciones en determinados
territorios del país y los campesinos iniciaron procesos de organización en
dichos territorios, lo que fue considerado para la epoca como “Republicas
Independientes”, generando una respuesta estatal armada tal como lo fue el caso
de la toma a Marquetalia, operación que marca la historia y que la guerrilla Fariana
considera como el bautismo de fuego de las FARC.
Después
de ello, el conflicto armado se empieza a trasladar a la periferia por el
control del territorio, donde se empieza a dar una colonización de las zonas
donde el Estado no podía hacer presencia, como resultado las personas empezaron
a reconocer a los grupos armados como única autoridad en ciertos territorios
rurales alejados del centro.
Según
Torrijos la situación para el momento era la de: “un Estado, no siempre
aglutinado alrededor de la mismas políticas y en muchas ocasiones fracturado
entre sus instituciones y entre sus niveles central, regional y local”.(CHCV,
febrero 2015, página 45).
Es
claro que durante muchos años la ausencia del Estado, fortaleció dinámicas de
guerra y de dominio de grupos armados, la baja cobertura no solo en términos de
pie de fuerza, sino a nivel social y político provoco que poblaciones enteras
reconocieran estos actores como única autoridad en municipios enteros lo que
fortalecía la toma del control territorial por parte de los grupos armados al
margen de la ley.
A
pesar de la aplicabilidad del Derecho internacional Humanitario a todas las
partes en conflicto, en la actual situación que vive el país, los grupos
terroristas colombianos, especialmente la organización de las FARC,
siempre han señalado la violación que del DIH realizan las fuerzas
gubernamentales, pasando por alto sus propias violaciones al DIH. Según estos
grupos ellos son un actor legítimo del conflicto y deben estar amparados por
todos los organismos internacionales que velan por el cumplimiento del Derecho
Internacional Humanitario, considerándose estos no como grupos terroristas sino
fuerzas revolucionarias de liberación de los pueblos oprimidos por el Estado
cómo se dan a conocer en los ámbitos internacionales.
Estos
grupos armados siempre han buscado el lograr un reconocimiento de beligerancia
por parte del Estado al que combaten sin reconocer las múltiples violaciones
realizadas por miembros de sus grupos al DIH al realizar acciones violentas en
contra de la población civil, incluyendo acciones como el reclutamiento forzado
de menores de edad, siembra de minas antipersonal, secuestro de civiles en
busca de beneficio económico, la utilización de civiles como escudos humanos
para evitar la reacción de las fuerzas estatales, desplazamiento forzado de
poblaciones campesinas, extorsión a la población civil, entre otros actos
delictivos.
Lo
anterior no deja por fuera a las fuerzas gubernamentales que en diversos casos
han cometido violaciones al DIH, al realizar privaciones de la libertad sin el
debido proceso, ejecuciones extrajudiciales, y uso excesivo de la fuerza, desde
el 2002 las instituciones armadas de Colombia han venido realizando una serie
de capacitaciones en el campo de lo concerniente al DIH, para lograr un mayor
grado de legitimidad como fuerza armada reconocida del Estado colombiano y en
aras de dar el trato que corresponde según los convenios signados por el país,
a todos los combatientes de las fuerzas irregulares al margen de la ley y
delincuentes de bandas criminales que han surgido en el panorama nacional
Colombiano.
A
través del tiempo con el desarrollo del conflicto colombiano, hemos venido
asistiendo a una degradación sistemática del mismo, no hace falta señalar
códigos de derecho, ni tratados internacionales para ver los horrores que han
tenido lugar en nuestro país desde épocas ya lejanas en el tiempo pero que
dejaron huella en la memoria de los colombianos, épocas en las que liberales y
conservadores se despedazaban literalmente, dejando un legado de terroristas
que aducen ideas desde ambos polos del espectro político, se han encargado de
reproducir con machetes y motosierras en épocas recientes. Debido al carácter
de este espacio hemos de limitarnos a unas palabras frente al conflicto armado
colombiano a la luz de obligaciones jurídicas y deberes contraídos por las
partes en pugna y que se consagran en tratados internacionales.
Las
disposiciones del DIH para el contexto colombiano que presenta un conflicto de
carácter no internacional, están contenidas en el protocolo II adicional a los
Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados sin carácter internacional del año 1997 el cual entre otros
asuntos, se refiere al trato humano, contenido en su título II concerniente al
trato humano y que en su artículo 4 señala las garantías fundamentales que
deben respetarse en todo conflicto, como la protección a las personas que
no participan en las hostilidades o que han abandonado las mismas, poniendo
énfasis en la protección de los niños así como la prohibición expresa de
realizar actos como castigos colectivos, actos de terrorismo, toma de rehenes o
amenazas de realizar los mismos.
Los
actores del conflicto colombiano desde hace décadas han pasado por alto
cualquier normativa internacional o principio moral y humanitario, desde el
Estado mismo pasando por los grupos paramilitares y las organizaciones
terroristas de las FARC y el ELN, quienes en conjunto han violentado el respeto
debido a las personas por fuera de las hostilidades y a principios humanitarios
propios del ejercicio de la guerra.
La
connivencia Estado-paramilitarismo-narcotráfico ha devenido en toda una
dinámica de persecuciones, desapariciones forzadas y amenazas que se pasan por
alto la prohibición de amenazas, castigos colectivos y tomas de rehenes hecha
por el Protocolo que mencionamos arriba en una lucha contra la sociedad
narcotráfico-guerrillas, estas últimas responsables también de múltiples
violaciones al DIH con sus ataques a poblaciones civiles y asesinatos
selectivos, desplazamientos y reclutamiento de menores para el conflicto
armado.
Se
debe ser realista en el abordaje de tan complicado tema, ya que debido al
escalamiento y el nivel de deshumanización que ha adquirido el conflicto en
Colombia, sería pretencioso esperar que se lograra el cumplimiento del DIH por
parte de los diferentes actores del conflicto armado, debemos tener en cuenta
el carácter que ha tomado el mismo y la defensa a todas luces evidente de unos
intereses en pugna entre sectores ligados al narcotráfico y que haciendo uso de
banderas políticas de izquierda o de derecha van sumiendo al país en un círculo
difícil de romper, tenemos a un Estado capturado por intereses privados y en
gran parte ilícitos enfrentado a grupos delincuenciales de vieja data que dejan
en el medio de la escena a una sociedad desarmada y vulnerable.
Los
movimientos sociales sin duda, no han estado apartados del conflicto que ha
tenido Colombia durante estos periodos, por lo contrario; han sido los movimientos
sociales quieren en la mayoría de sus veces han sido los promotores de múltiples
escenarios que se han convertido en temas de discusión para la sociedad y que
han recibido respuestas armadas por parte de diversos actores del conflicto. Es
gracias a estos escenarios anteriormente elaborados, que hoy en Colombia los movimientos
sociales tienen una participación más activa, movimientos principalmente
sindicales, de derechos humanos, de comunidades indígenas, de comunidades
afrodescendientes, movimientos ecológicos, etc.
Su
discurrir histórico no ha sido siempre el mejor ni las respuestas recibidas las
más pacíficas, los movimientos principalmente sindicalistas y movimientos
sociales que han mostrado alinearse con ideologías políticas, muchas veces de
izquierda, han sido objeto de persecuciones, aunque es también un fenómeno que
ha afectado tanto movimientos de izquierda como de derecha; el asesinato de
sindicalistas es un tema que en Colombia ha generado temores y recelos a la
hora de estructurar la participación y formas de proceder en los espacios tanto
sociales como políticos, según cifras de la Escuela Nacional Sindical respecto
de la persecución, homicidios y hostigamientos a las organizaciones y líderes
sindicales, los abusos son numerosos y las cifras lo indican: entre 1986 y 2007
se produjeron 42 allanamientos ilegales a sedes sindicales; 207 atentados, 144 desapariciones
forzadas, 1399 desplazamientos forzados, 549 detenciones arbitrarias, 2570
homicidios, 163 secuestros y 43 casos de tortura. Esto muestra claramente que
los movimientos sociales, (este caso representado en las organizaciones
sindicales) también han sido víctimas del conflicto armado colombiano, desde
organizaciones de derecha con marcadas orientaciones a la autodefensa y
seguridad privada que generaron la alineación paramilitarismo-narcotráfico, hasta
organizaciones de izquierda con marcadas ideologías que evocaban las practicas guerrilleras (FARC, ELN, EPL, M19,
entre otros). Los desaparecimientos no solo suponían el silenciamiento de sus
voces, sino un impacto para la sociedad; puesto que hablamos de líderes que
llevaban la vocería de distintos sectores sociales, donde con ellos se veían representados
un conjunto de problemáticas que serían de atención por parte del Estado.
Más
allá de los movimientos sociales que se constituyen y se fortalecen con el
pasar de los años, también son de análisis, los movimientos sociales que
cumplen funciones determinadas u objetivos específicos, como ejemplo, los
movimientos estudiantiles, ecológicos, eclesiales, que si bien pueden llegar a
generar fuertes impactos en la opinión pública e incluso en las mismas
decisiones gubernamentales, son olvidados con el pasar de los tiempos y solo
queda de estos, no más que el efímero recuerdo de sus logros o sus fracasos.
Los
movimientos sociales agrícolas, o movimientos campesinos, han sido los más
afectados dentro del conflicto armado colombiano, si bien se explicó con
anterioridad que su surgimientos se caracterizaba por luchas territoriales y reivindicaciones
en las prácticas y formas de producción agrícolas, estos se encuentran en medio
de estas disputas, donde en diversas
ocasiones han tenido que sufrir el desplazamiento y abandono de sus tierras,
característica fundamental del conflicto armado colombiano, ( característica
que funge de manera dual como origen y como consecuencia del mismo generando
unos ciclos que generan toda una dinámica que pareciese no tener fin) por lo
tanto, esto obliga a que los movimientos campesinos o bien se aparten del
conflicto, (sin dejar de ser víctimas) o si bien tomen parte de él,
radicalizándose y tomando una posición netamente autodefensiva, donde son esos
mismos, quienes protegen y defienden sus propiedades y territorios.
Ahondar
el tema de los movimientos sociales, su influencia, sus efectos y su relación
con el conflicto es una tarea y un tema que debe tratarse de manera extensa y
detallada, puesto que su labor ha sido tanto social como política y sin lugar a
dudas, hace que sus propósitos, sus objetivos y logros sean directamente influyentes
en la toma de decisiones político administrativas y en la lucha constante por
garantizar tanto los derechos humanos como por la aplicación del DIH en las
zonas de conflicto.
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