MINERÍA EN EL TOLIMA, UNA DECISIÓN POPULAR

En el municipio de piedras, ubicado en el departamento del Tolima, el día 28 de julio del 2013 se llevó a cabo una consulta popular  para decidir si se permite la explotación y exploración de suelos con fines extractivos o por el contrario, la conservación de sus suelos y recursos hídricos tras las fuertes presiones que la multinacional canadiense Anglo Gold Ashanti ejercía sobre el territorio. Es por ello que en Ibagué se quiere realizar una réplica de este proceso, liderada por sectores de la ciudadanía y secundada por la administración local, convocando a los ibaguereños con el mismo instrumento constitucional para permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones y la determinación en el uso del suelo y subsuelo local y promover la defensa del agua, la vida y el territorio.

Manifestación a favor de la consulta popular Piedras, Tolima. (2013). Tomado de Registraduría Nacional del EstadoCivil.

Hasta la fecha, los procesos electorales que se han desarrollado bajo esta decisión, han tenido una amplia acogida por los ciudadanos -independientemente de su territorio-, hacia la oposición de realizar actividades económicas basadas en la minera, sea esta de carácter ilegal y más aun a gran escala, como la legal; principalmente, ello obedece a los intereses primarios de la ciudadanía, el cuidado del agua y la defensa de la vida, son algunos ejemplos, sin embargo, su apoyo hacia una u otra inclinación también se deriva de la poca rentabilidad que les pueda generar la actividad minera, y más bien el históricamente observado deterioro que trae consigo, les genera mayor preocupación. Hoy, las herramientas jurídicas siguen siendo las mismas, pero el sentir de los habitantes, es otro, su reclamación sobre mayor participación en la toma de decisiones de mayor impacto en sus territorios, ha condicionado la relación entre la sociedad, el Estado y los grandes gremios económicos.

Durante los procesos electorales, las agitaciones que acarrean las dinámicas de este tipo son comunes, y ello es, precisamente lo que brinda el escenario perfecto para el debate y la consolidación de argumentos, la consulta popular no deja de ser menos apasionante, la promoción de un Sí o un No, puede llegar a generar quiebres en la sociedad, quizá temporales, quizá definitivos, sin embargo, el ejercicio en el municipio de Piedras, tuvo un comportamiento diferenciado a los demás procesos electorales, puesto que una vasta mayoría tenía su voto decidido con antelación, la desaprobación de todo tipo de actividad minera en el municipio, que se pudo traducir en los datos consignados en la Registraduría Nacional del Estado Civil, la votación se tradujo en un total de 2.971 votos por la opción del "NO" y un total de 24 votos por la opción del "SÍ", tales cifras fueron evidentes y contundentes para sentar la posición de los habitantes. El efecto más próximo lo evidenció la multinacional canadiense, representado en retrasos en sus proyectos de exploración minera en territorios del municipio, lo que aceleró sus relaciones lobistas con el gobierno nacional y las reacciones de los entes de control para frenar los procesos populares sobre decisiones que, según la Procuraduría General de la Nación, compete al gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energías y el Ministerio de Medio Ambiente.

El antecedente no será distinto para el caso de los municipios de Ibagué y Cajamarca que inician los mismos procesos electorales bajo la misma motivación, el control de la actividad minera y los daños ocasionados por la misma en sus territorios y fuentes de abastecimiento hídricas, en cada uno de los casos, se han presentado las visitas casi espectaculares de funcionarios del gobierno nacional, entes de control y destacados juristas con el fin de intimidar a los alcaldes y concejales que inicien dichos procesos, “Sólo el Gobierno Nacional, representado en el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, tiene la competencia exclusiva para excluir del territorio municipal o departamental zonas para la actividad minera (...) yo le digo de manera muy respetuosa que mire la sentencia de la Corte Constitucional C-123 de marzo de este año, que es un elemento nuevo que reafirma lo que estoy diciendo (...) es que es mejor decir las cosas con claridad, así no gusten o sean impopulares” indicó Ernesto Cardozo, procurador ambiental y agrario a entrevista concedida al diario El Espectador, para el año 2014, con respecto a la iniciación de procesos similares en municipios del departamento del Casanare. Las declaraciones del procurador, no solo generaron incomodidad por parte de los promotores de las consultas populares, sino además la reacción de diferentes sectores de la sociedad, que no comparten la intromisión del gobierno nacional en los asuntos de mayor significación para los territorios locales, sobre todo cuando se ve involucrado la potabilidad del líquido vital.

Proyecto minero La Colosa, Cajamarca. 2016. Tomada de diario El Tiempo.

Tal ha sucedido en Ibagué y Cajamarca, la advertencia por parte del gobierno nacional no se ha hecho esperar, inicialmente por la importancia que le produce el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca a Anglo Gold Ashanti, quienes aseguran que la influencia de las consultas populares “no aplica a la minería formal y legal como la nuestra, que cumple con todas sus obligaciones y que es auditada por la comunidad y todas las autoridades”, contrario a lo que indican las directivas de la multinacional, la Corte Constitucional, en el transcurso del año se ha pronunciado sobre el tema, ratificando que si bien el Estado es quien determina el uso del subsuelo, los entes territoriales (departamentos y municipios) tienen competencia sobre el uso del suelo, condicionando al gobierno nacional a concretar con los entes territoriales cualquier tipo de actividad de gran envergadura que se desarrolle en los mismos y en los que las comunidades tengan posiciones preestablecidas.

Primero fue Piedras, seguido de Ibagué y finalmente Cajamarca, quienes se pronuncian desde las corporaciones locales, a favor de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, pese a las posiciones del gobiernos nacional y a los intereses de la multinacional, para César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, el caso particular del municipio de Ibagué “se trata de la primera ciudad capital en la que se realizaría una consulta en materia ambiental luego de pasar por todos los requisitos jurídicos.” Ibagué desató una pelea nacional, y sucedió por su categoría de ciudad capital, su iniciativa, marca un precedente en la historia frente a los posibles casos que se presenten para demás territorios del país. Cierto es, que en el Tolima, la fuerza popular se está pronunciando y su determinación se siente en los demás departamentos.

Silva Numa, Sergio. 2016. Tomada del diario El Espectador.

Las movilizaciones populares, han ayudado, sin lugar a dudas a la puesta en la agenda gubernamental local el tema de la minera en los territorios, acciones que no son nada cómodas para las empresas quienes tienen sus proyectos mineros, y para las que aún piensan tenerlos; las manifestaciones populares a favor y en defensa de la vida, el agua y el territorio, son una piedra en el zapato para la locomotora minera inspirada por el gobierno de Juan Manuel Santos, quizá por ello, su poca o nula pronunciación sobre las dinámicas electorales que se están desarrollando en los municipios del Tolima, dejan entrever que su prioridad no es la voluntad de los habitantes del ente más reducido en el orden territorial, mientras eso varia, los altos tribunales, las corporaciones municipales, los alcaldes y la ciudadanía en general, nos preparamos para participar activamente en la próxima consulta popular minera que se acerca para el caso de Ibagué, nuestra decisión será determinante y nuestra voluntad expresada en las urnas, la minera en Colombia no genera más del 3% del PIB a nivel nacional, sus daños, entre los cuales se encuentran, pérdida y/o contaminación de fuentes hídricas, sismos provocados, deterioro de ecosistemas específicos de flora y fauna, pérdida de la fertilidad del suelo, desempleo y pérdida de la vocación agrícola de los pueblos, sobrepasan las cifras que se representan en su rentabilidad para el Estado, rentabilidad que se distribuye de manera desproporcionada, priorizando incluso, territorios que no sufren los daños de la minería.